LAS MUJERES DE KERALA CONTRA COCA-COLA

(traducido de Le Monde Abril-2005)

Expulsada en 1977 por el Gobierno, Coca-Cola ha vuelto a poner su pie en India el 23 de octubre de 1993, al mismo tiempo que Pepsi-Cola. Entre las dos empresas poseen unas 90 “plantas de embotellamiento” que en realidad son… “estaciones de bombeo”: 52 pertenecen a Coca y 38 a Pepsi. Cada una extrae entre 1 y 1,5 millones de litros diarios.

La extracción de agua carbónica presenta algunos riesgos inherentes a los procedimientos utilizados. En primer lugar, porque el bombeo despoja a los pobres de su derecho al abastecimiento de agua potable; en segundo, porque las fábricas vierten residuos tóxicos que amenazan el entorno y la salud. Finalmente, las sodas son bebidas peligrosas y el parlamento indio ha abierto una comisión mixta encargada de investigar la presencia de residuos y pesticidas.

Durante más de un año las mujeres de las tribus Plachimada, en el distrito de Palaghat, en Kerala, han organizado sentadas para protestar contra el desecamiento por Cocacola de las capas freáticas. “Los habitantes, escribe Virender Kumar, periodista en el diario Mathurubhumi, transportan sobre su cabeza pesadas cargas de agua potable que han de ir a buscar muy lejos. Mientras tanto, de la fábrica de Coca, salen constantemente camiones con bebidas gaseosas (1)”

Las mujeres adivasa (2) de Plachimada han comenzado su protesta poco después de la inauguración de la fábrica de Cocacola, cuya producción debía ascender, en marzo de 2000, a 1.224.000 botellas de Coca, Fanta, Sprite, Limca, Thums Up, Kinley Soda y Maaza. El panchayat local (3) le concedió, con algunas limitaciones, la autorización para extraer agua con la ayuda de motobombas. Pero la multinacional se ha dedicado a la extracción ilegal de millones de litros de agua pura en más de seis pozos equipados con bombas ultrapotentes. El nivel freático ha descendido brutalmente, pasando de 45 a 150 metros de profundidad.

No contenta con robar el agua de todos, la escasa agua que cocacola “dejaba” para la colectividad la ha contaminado, mezclándola con sus residuos. Anteriormente la empresa depositaba sus residuos en el exterior con lo que no dejaba de intoxicar los arrozales, canales y pozos, constituyendo una de las amenazas más serias en cuanto a salud pública. Las cosas han cambiado, pero la contaminación de los acuíferos no por ello es menos real.

¿Cómo se explica la pérdida de 260 pozos, cuyo caudal estaba asegurado por las autoridades para subvenir las necesidades de agua potable y riego agrícola? En la región de Kerala, conocida como “el granero de arroz”, los rendimientos agrícolas han disminuido un 10%. Y Cocacola, para mayor desfachatez, vende sus residuos entre los campesinos como abono. Sin embargo, los análisis han demostrado que contienen fuertes dosis de cadmio y plomo, que son cancerígenos.

Los representantes de las tribus y de los campesinos también han denunciado la contaminación de sus acuíferos así como las perforaciones indiscriminadas que han comprometido el resultado de las cosechas. Reclaman la protección de las fuentes de agua potable, de los pantanos y santuarios del agua así como de las vías navegables y de los canales.

Constreñida a aportar explicaciones Cocacola se ha negado a entregar al panchayat los informes precisos, por lo que se le ha notificado la suspensión de su licencia de explotación. La multinacional ha intentado comprar al presidente, M. Anil Krshnan, ofreciéndole 300 millones de rupias. Sin éxito. No obstante, aunque el panchayat le ha retirado la concesión, el gobierno de Kerala continúa protegiendo a la empresa, a la que financia con dos millones de rupias (36.000 €) a modo de subvención para potenciar la política industrial regional. En todas las Comunidades donde poseen fábricas, Pepsi y Coca, obtienen ayudas similares para bebidas cuyo valor nutricional es nulo, en comparación con las bebidas indias (nimbu pani, lassi, panna, sattu…).

La industria de bebidas gaseosas utiliza cada vez más la melaza de maíz, con un alto contenido en fructosa. Este edulcorante no solamente es nefasto para la salud sino que el maíz se produce más para la fabricación industrial de alimentos para el ganado. Tanto menos que se destina para consumo humano, lo que priva a los pobres de un producto básico esencial y barato. Por añadidura, el cambio de edulcorantes más sanos extraídos de la caña de azúcar, como el gur y el khandsari, grava a los campesinos, que podrían asegurar su subsistencia con estos productos. En resumen, Coca y Pepsi, tienen un tremendo impacto en la cadena alimentaria.

En 2003 las autoridades sanitarias han informado a los habitantes de Plachimada de que la contaminación del agua la hacía impropia para consumo humano. Las mujeres fueron las primeras en denunciar esta “hidropiratería” durante un dharma (sentada) ante las rejas de la compañía. Esta iniciativa de las mujeres adivasa ha desencadenado una ola de apoyo nacional e internacional. Bajo la presión de este movimiento cada vez más poderoso, acentuado por la sequía que ha agravado la crisis del agua, el jefe del gobierno de Kerala ordenó, el 17 de febrero de 2004, el cierre de la fábrica de Cocacola. Las alianzas del tipo arcoiris forjadas al principio por las mujeres de Kerala han terminado por movilizar al entorno del panchayat. Por su parte, la comarca de perumatty (en Kerala) se ha querellado contra la multinacional en nombre del interés público.

El 16 de diciembre de 2003 el juez Balakrishana Nair ha ordenado a Cocacola detener el bombeo pirata en las bolsas freáticas de Plachimada. Los argumentos de la sentencia valen tanto como ella. En efecto, el magistrado ha escrito literalmente: “La doctrina de la confianza pública reposa ante todo sobre el principio de que ciertos recursos como el aire, el agua del mar o los bosques tienen una importancia tal para el conjunto de la población que sería totalmente injustificado convertirlos en objeto de la propiedad privada. Los recursos mencionados son un don de la naturaleza y deberían ser gratuitos y estar disponibles para cualquier persona, independientemente de su posición social.”

Y el magistrado continúa: “Puesto que esta doctrina impone al gobierno la obligación de proteger estos recursos de modo y manera que todo el mundo pueda beneficiarse de ellos, no se puede autorizar que sean utilizados por propietarios privados con fines comerciales (…). Todos los ciudadanos sin excepción son los beneficiarios de las costas, de los cursos de agua, del aire, de los bosques, de las tierras más sensibles desde un punto de vista ecológico. En tanto que administrador, el Estado, tiene la obligación legal de proteger los recursos naturales, [que] no pueden ser transferidos a la propiedad privada.” Se puede decir más alto pero no más claro: el agua es un bien público. El Estado y sus diversas administraciones tienen el deber de proteger el manto freático frente a una explotación excesiva; lo contrario es una violación del derecho a la vida garantizado por el artículo 21 de la Constitución hindú. El Tribunal Supremo ha confirmado sistemáticamente el derecho a disfrutar de agua y aire no contaminados como parte integrante del derecho a la vida definido en este mismo artículo.

Incluso aunque no existiera una ley reguladora del manto freático, el panchayat y el Estado deben oponerse a la explotación de las reservas subterráneas. El derecho de propiedad de Cocacola no se extiende a los recursos freáticos que se extienden a las bolsas situadas baja las tierras que les pertenecen. Nadie tiene este derecho y el Gobierno carece de poder vinculante para su concesión. De ahí las dos órdenes emitidas por el tribunal: Cocacola dejará de bombear agua en el plazo de un mes de treinta días; el panchayat y el Estado se asegurarán que la sentencia sea cumplida.

La rebelión de las mujeres, alma del movimiento, ha sido reforzada por juristas, parlamentarios, científicos, escritores… La lucha se extiende a otras regiones donde Coca y Pepsi liban en los acuíferos. En Jaipur, la capital de Rajhastan, tras la inauguración de la fábrica de Coca en 1999, el nivel freático ha descendido de 12 a 37,5 metros de profundidad. En Mehdiganj, una localidad situada a 20 kilómetros de la ciudad santa de Varanasi (Benarés), el nivel ha bajado 12 metros y los campos cultivados en torno a la fábrica están contaminados. En Singhchancher, un pueblo del distrito de Ballie (al Este de Uttar Pradesh), la maquinaria de cocalcola ha contaminado aguas y tierras. Las protestas se organizan por todas partes. Pero, a menudo, las autoridades públicas responden a las manifestaciones con violencia. En Jaipur, el militante pacifista Siddharaj Dodda, fue detenido en octubre de 2004 por participar en una marcha por el cierre de la fábrica.

CADENAS HUMANAS ALREDEDOR DE LAS FÁBRICAS

Al secado de los pozos se añaden los riesgos de contaminación. El tribunal supremo de Rajasthan ha prohibido la venta de bebidas producidas por Coca y Pepsi ya que estas empresas se han negado a facilitar el análisis de sus componentes. Al mismo tiempo estudios alternativos han demostrado que contienen pesticidas peligrosos par la salud (4). Los dos gigantes han llevado el caso ante el Tribunal Supremo que ha rechazado el recurso, confirmando al tribunal de Rajasthan y ordenando la publicación de la composición precisa del contenido. Por el momento, estas bebidas están prohibidas en la región.

En un estudio conducido por All India Coordinated Research Project on Pesticide Residue (AICRP) se demuestra que el 60% de los productos alimentarios vendidos en los mercados están contaminados por pesticidas y que el 14% de ellos contenían dosis superiores al máximo autorizado. Esto cuestiona el mito según el cual las multinacionales priorizan la seguridad, lo que las haría más fiables que el sector público. Este prejuicio contra la administración publica de bienes y servicios ha hecho de la privatización un fenómeno aceptado socialmente. Sin embargo, la privatización del agua la ha convertido en un artículo de dudosa calidad a un precio inabordable.

El 20 de enero de 2005, en toda la India, se formaron cadenas humanas alrededor de las fábricas de Pepsi y Coca. Los tribunales populares han notificado a los “hidropiratas” la orden de abandonar el país. El caso de Plachimada prueba la capacidad de la población para ganarle la partida a las grandes empresas privadas. Los movimientos para la preservación del agua van más allá; las presas y grandes proyectos que prevén desviar el curso de los ríos de la península india suscitan una oposición creciente (5). Denuncian las privatizaciones, entre ellas la de la red de Delhi, recomendadas por el Banco Mundial (6). El saqueo no podría haberse realizado sin la colaboración de Estados centralizadores. Esta batalla contra el robo del agua no concierne solamente a la India. La sobreexplotación de las reservas y acuíferos, así como las grandes infraestructuras, actúan contra los intereses de la conservación de la Tierra.

Conviene saber que si en cada parte del Planeta lloviera con la misma frecuencia y según el mismo esquema, crecerían las mismas plantas y, en todas partes, encontraríamos las mismas especies animales. El ciclo hidrológico es una democracia – un sistema de distribución para todas las especies vivas. Si no hay democracia con el agua, tampoco hay democracia.

Virender Kumar “Carta abierta al jefe de Gobierno”, Mathrubhumi, Thiruvananthapuram (Kerala), 10-03-03.

NdT: el término “adivasa” designa a las tribus autóctonas que prescinden del sistema de castas.

Máxima autoridad en el rango de los pueblos.

Las bebidas contenían diversos pesticidas. La comisión del gobierno ha llegado a la conclusión de que estos residuos estaban “en los límites de las normas” aceptables en India… En EEUU, las botellas de Cocacola no contienen ninguna traza de pesticidas.

Arundhati Roy, El Coste de la Vida, Gallimard, Paris, 1999.

VANDANA SHIVA

Directora de la Fundación para la Investigación sobre Ciencia, Tecnología y Ecología (India). Autora de la Guerra del Agua (L´Aventurine, Paris-2003) y de La Vida no es un Negocio (L´Atelier, Paris 2004).